Cuando el Parlamento eligió al actual Gobierno de Coalición, a mi parecer, con toda la legitimidad, si no superior que en otros casos, por la necesaria regeneración que suponía apartar a un gobierno sostenido por un partido corrupto, el PP prometió una oposición cerrada por todos los medios incluida la judicial. Un repaso de lo acaecido desde entonces, me lleva a la duda que planteo en el título que antecede. Por supuesto que he de acatar las sentencias judiciales, sin embargo nadie ha de obligarme a no manifestar mi prevención ante la falibilidad togada. Y es que no faltan ocasiones para tales dudas un día sí y otro, casi también, mayormente en el mismo sentido. Valga como ejemplo el último pronunciamiento de Supremo a favor del derecho de un magistrado del TSJ de Castilla y León para malmeter ofensivamente en contra del mencionado Gobierno Legítimo.

Empezaremos por aquel capítulo en el que el señor Cosidó, destacado miembro del PP con especiales atribuciones para negociar la composición del Poder Judicial presumió de especiales poderes para controlar dicho órgano. Todo ello venía en relación con motivo de las primeras supuestas tentativas para renovar el dicho Poder, que aun se mantiene, tres años después, apoyado en una mayoría el PP perdida desde entonces en el Parlamento. Así, dicho partido ha seguido contando con un Presidente de todos los Jueces, el señor Lesmes, que fuera en su momento cargo en el PP, aupado aun por lo mismo indebido apoyo conservador. Prórroga que se ha venido repitiendo en similares situaciones en beneficio del PP. Por ello los Jueces se han seguido nombrando en los casos ordinarios con esa composición torticeramente mantenida. Los pretextos divulgados para dicho retraso han alternado chantajes varios sobre distintas decisiones gubernamentales, para volver a la presencia de U,Podemos en la decisión, o por la inclusión de un jurista con prestigio internacional. Pero es que el dicho Poder ha seguido pidiendo la renovación, pese a conocer de sobra los tendenciosos e impresentables argumentos del PP, antigua casa del Presidente de dicho órgano. Cuando se presentó la legítima oposición a que la renovación de cargos de mayor importancia se hiciera en esas vergonzosas circunstancias, clamaron desde uno u otro campo a Europa para afear las medidas propuestas. Claro que ya estaba el anuncio del PP de oposición por tierra, mar y justicia en contra del gobierno anti corrupción. Lo hemos visto maquinando con países ajenos en contra de que llegaran los fondos europeos para atender la lamentable situación económica que la pandemia ha llevado al conjunto de la UE. Claro, algo esperable de quien se opone de manera irracional al gobierno como no han venido haciendo oposiciones democráticas en el continente. Algo vuelto a repetir en Ceuta, animando al nacionalismo marroquí a incitar a la entrada anormal de los marroquíes empobrecidos por el régimen de Mohamed VI. Pero en fin, ese es el sello patriótico y bandera de esta derecha.

Pero volvamos al caso que más nos ocupa hoy, la justicia- al parecer- utilizada como un arma política más desde el PP. Citemos algunos casos más en que el sesgo derechoso es indisimulable. El señor de los Cobo, ese cargo de la Guardia Civil destacado en el Procés que se mantuvo como cargo de confianza en el gobierno de coalición. Tuvo un papel destacado como vigilante en la tramitación de una denuncia argumentada con recortes de prensa en contra del Delegado del Gobierno en Madrid. Pues pese a perder la confianza del Gobierno en trámite tan “ejemplar” denuncia, se le afea en los tribunales al dicho Gobierno el cese del señor de los Cobos. También se ha hablado de un calendario bonancible para que la vista de las varias causas acumuladas al PP para no influyeran demasiado en determinados procesos electorales. No son pocos los casos, si no entramos en el entramado de las cloacas, en las que “el fiscal podría afinar” tal documento según el reprobado ministro del interior. Claro que hablando de cloacas, hay ataques mayores a la oposición más peligrosa de U.Podemos, dentro o fuera del gobierno PP. El caso PISA ha tenido muy buen acogida por la justicia, al igual que tantas otras denuncias en contra de dicha formación como tal o de algunas personas de la misma. Ha importado un comino el hecho de que, una tras otra, todas hayan quedado desechadas al final. En fin, si que han servido para llenar portadas, por la indebida toma en consideración de denuncias basadas en fotocopias de nuevos infundios para el desprestigio, por aquello de ”acusa que algo queda” .

Personalmente lamento acumular estos hechos que tienden a desprestigiar a un colectivo, en el que como en todos, hay personas de intachable esfuerzo y dignidad que no contribuyen a esta imagen. Es de esperar que vaya mejorando esta situación, lo que supongo que ocurrirá cuando el rigor democrático reine en los procesos y los indebidos contrales desaparezcan. Tampoco vendrán mal aquellas reformas que juristas, de desigual opinión, proponen sobre la formación y selección de jueces y magistrados. Un mayor conocimiento de la sociedad sobre la que actúan, la aplicación real de propuestas sobre igualdad de género que siguen sin efecto, podrán ayudar. No acabo de entender la última sentencia del Supremo sobre “Madrid Centro”. Ante el efecto benéfico de la palpable que la medida de la anterior corporación madrileña, aliviando la contaminación aminorando el tráfico facilitado por sentencia del Tribunal Superior Regional, ahora el Supremo atiende el recurso del PP. Se oyó entonces la amenaza de Europa por los excesos contaminantes, y ahora además se ignora una ley aprobada por el Parlamento que refuerza medidas como la recurrida extendiéndola al conjunto del país. Pero pareciera que la fidelidad reaccionaria, impide a mirar más allá. Claro que ese sentido cutre avanza lentamente dentro de la justicia y a veces se tuerce mayoritariamente siempre en la misma dirección. Cabe señalar que tal tendencia también ocurre en aledaños. Ocurrió así con tantas viviendas sociales de propiedad municipal y autonómica que pudieron haber aliviado muchos problemas de “techo” acabaran y pudieran volver a beneficiar a algún fondo buitre. Son suficientes hechos y ostentación del dominio y uso de la Justicia por el PP, incluida la arbitraria intromisión en las prerrogativas del Gobierno en los indultos, para mantener la interrogante inicial.